5.3. Entre lo instituyente y lo instituido
5.3.2. La interacción entre instituciones y movimientos sociales
Una vez expuestas todas estas herramientas conceptuales, podemos profundizar en la reflexión sobre la interacción entre las instituciones y los movimientos sociales. El punto de partida sería la siguiente pregunta: ¿las instituciones que tienden un movimiento centrípeto (cerrarse hacia el interior) podrían realmente adaptarse a tales dinámicas centrífugas (abiertas hacia el exterior)?
Desde los itinerarios de atención psicológica realizados en el case management, se ha propuesto el concepto de extitución, referido a las prácticas que se organizan en diferentes organizaciones que colaboran adaptándose singularmente a cada caso (Domènech et al., 1999). Estos itinerarios, a diferencia de los propios de las instituciones analizadas por Goffman o Foucault, se desarrollan en varios lugares diferentes de atención: con variabilidad en los contactos y recursos utilizados y adaptando la atención de forma muy personalizada. Es un tipo de intervención aplicada desde la mirada comunitaria, que evita la lógica uniformizadora y de control a la interna. En su lugar, se centra en las necesidades de cada caso aprovechando una red comunitaria.
En los movimientos sociales también podemos encontrar casos de espacios que sirven como redes comunitarias, que en vez de uniformar la realidad conectan a personas y organizaciones de cara solventar situaciones de crisis. Aunque puedan ser consideradas redes informales por no ser parte de la Administración pública, presentan un conocimiento del territorio y sus necesidades más denso; cuentan con vínculos entre los vecinos de los municipios y movilizan recursos en clave redistributiva. En otras palabras, logran llegar más lejos que las instituciones al no estar constreñidas por sus inercias burocráticas, que dificultan a las personas afectadas lograr recursos de supervivencia por la complejidad de los procedimientos administrativos y la falta de recursos públicos.
Un ejemplo serían las redes apoyo mutuo que surgieron en diversas ciudades durante el confinamiento, derivado de la pandemia de la COVID-19. En Masnou, la red existente se organizó en tres días mediante canales telemáticos, especialmente WhatsApp. Desde la red se difundían recursos como atención psiquiátrica, acompañamiento educativo o reparto de alimentos, entre otros. La red se caracterizaba por su horizontalidad y transversalidad, en tanto que participaban de forma igualitaria una pluralidad de personas con perfiles sociales y políticos diferentes. Además, la red se adaptaba dentro de sus posibilidades a las necesidades de cada persona atendida, que variaban enormemente. Uno de sus lemas era «cada casa es un mundo», en referencia a la variabilidad de situaciones a las que se enfrentaba la red y frente a las cuales iba adaptando sus formas de acción colectiva (Yborra, 2020, p. 45). Este tipo de redes fueron imitadas por otros movimientos del territorio, como los Sindicatos de Inquilinos, la PAH o el movimiento por los derechos laborales de las trabajadoras de hotel, conocido como las Kellys. También en los Sindicatos de Manteros, que se vieron en la necesidad de generar redes de reparto de alimentos ante instituciones que no ofrecían ninguna ayuda a las personas migrantes sin regularizar. Tales redes presentan el carácter de extitución que propugna Domènech, pero además presentan el tipo de autogobierno que reivindica Castoriadis y la actividad política propuesta por Rancière.
Otro ejemplo que podría contemplarse desde la teoría manejada son los movimientos por el derecho a la vivienda y a la ciudad en el municipio de Sevilla. En el año 2000 encontramos la conformación de la Plataforma Casa Grande Pumarejo, dedicada a la protección de los vecinos de la plaza del Pumarejo con el fin de evitar su expulsión debido a la expansión de la actividad hotelera y la especulación inmobiliaria. En el año 2012 tiene lugar la ocupación de cuatro edificios que conforman una corrala –disposición de bloques con un patio en común– por parte de treinta y ocho familias con problemas de acceso a la vivienda. Si bien ambos colectivos estaban dedicados originalmente a solventar la situación de vecinos y familias directamente afectados por problemas inmobiliarios, es de destacar que ambos actores se han convertido en el epicentro de actividades sobre decrecimiento, de una oficina de derechos sociales, del impulso de la Moneda Social Puma y de colectivos feministas. De esta forma, han generado redes de conexión entre diferentes movimientos que respondían a necesidades crecientes y divergentes (Herrera et al., 2016).
Ante estas opciones de colaboración, como ya señalábamos desde una perspectiva mucho más general en el apartado «4.4. Institucionalización: ¿éxito o fracaso?», también existen debates crónicos en el seno de los movimientos sociales sobre si deberían colaborar con las instituciones, centrarse en crear sus propias redes de apoyo mutuo o realizar una combinación de ambas estrategias. Hay colectivos como la PAH que defienden una colaboración proactiva con las instituciones, para conseguir recursos y cambios de políticas públicas que faciliten la lucha por el derecho a la vivienda; pero también existen posicionamientos más críticos, como el de los Sindicatos de Manteros, que ven las instituciones como actores hostiles a su actividad. La respuesta no es unánime entre los movimientos sociales, y lejos de ser una temática meramente teórica la relación con las instituciones determina en buena medida la estrategia que puede escoger un movimiento social: si priorizar cambios institucionales o generar dinámicas externas a tales instituciones.
Del mismo modo, también se abre la posibilidad del debate desde la perspectiva de la Administración pública. María Rosa Herrera et al. (2016) plantean la defensa de un trabajo social que se despliegue en interacción con los movimientos sociales, poniéndose a disposición de las redes que estos generan. De esta forma, se puede conocer mejor el territorio, sus necesidades y cómo satisfacerlas. Es un planteamiento análogo al de García y Martínez (2018), que defienden que las y los trabajadores sociales deben modular su atención a los usuarios de servicios sociales mediante las dinámicas asamblearias en clave colectiva que se dan en los movimientos de vivienda.
Estos planteamientos defienden una mímesis de las prácticas movimientistas como forma de retornar a una forma de entender las profesiones de la intervención social desde una perspectiva crítica: más pendiente de conseguir el bienestar de los usuarios que en seguir procedimientos acríticos y burocratizados de intervención. Esto supone una puerta para generar nudos políticos (Quintana, 2013) e imaginarios sociales instituyentes que busquen acercar a los trabajadores de la Administración pública a las lógicas de los movimientos sociales, en un proceso de adaptación a los ritmos, necesidades y complejidades de los territorios.
«Enfocando esta situación desde la mirada disciplinar podemos decir que la densificación de las redes de colaboración entre los diversos movimientos ha ido produciendo un proceso de empoderamiento colectivo con profundo impacto en los territorios de intervención, pero también en las instituciones, lo que ha promovido la ecología de saberes entre los diversos actores involucrados en estos procesos. Por otro lado, estos procesos constituyen una riqueza que reconfigura el campo profesional. Se tratará pues, de reforzar, desde el Trabajo Social, ese entramado de vínculos que se viene trenzando y apostar por fortalecer las organizaciones territoriales como motores de las transformaciones sociales. En definitiva, el contexto social actual en el que las relaciones sociales cada vez son más fragmentadas y el desarrollo individual se basa en la soledad de las nuevas tecnologías, estos movimientos sociales suponen una práctica sobre el refuerzo de los lazos vecinales y sociales para el enriquecimiento del sujeto».
En esta línea, podríamos encontrar que la interacción entre instituciones y movimientos genera extituciones, en el sentido de redes amplias que permiten cristalizar imaginarios instituyentes en un ejercicio constante y permanente de autogobierno. Las quiebras a las que no podrían hacer frente las instituciones, como la falta de recursos y una burocracia constreñida, podrían ser suplidas por la acción de los movimientos sociales. Y, además, invitar a las instituciones a realizar un ejercicio mimético en el que aprendan a relacionarse con el territorio sin la necesidad de normativizaciones que impidan la capacidad de autogobierno. Ahora bien, la interacción con las instituciones puede provocar un ejercicio de mímesis en sentido contrario: los movimientos sociales modulan sus prácticas para que sean más parecidas y compatibles con la lógica de las instituciones, hasta el punto de que el movimiento social deviene en un apéndice o extensión de la Administración pública (Meyer, 2014). Este proceso podría verse como positivo en sí mismo, ya que implicaría un alto grado de coordinación entre movimientos e instituciones, pero tales interacciones pueden devenir en contradicciones.
Generar un imaginario instituyente, que deje la puerta abierta al autogobierno como reclama Castoriadis, no es una consecuencia automática ni mecánica en la interacción con las instituciones: la movilización de un imaginario social instituyente y un inmovilismo instituido puede trasladarse al interior de los propios movimientos sociales. Tarrow (2012) señala en su obra que un modo de generar la desmovilización de un movimiento social es, precisamente, dotarlo de canales formales de interacción –incluso de participación– en las instituciones que posteriormente y de forma paulatina pierdan efectividad. En estos casos, se puede acabar generando frustración, incluso conflictos y escisiones entre aquellos activistas que apuestan por profundizar en la institucionalización del movimiento y aquellos activistas que defienden un retorno a formas de confrontación desobedientes con la normatividad de las instituciones.
Un ejemplo son los estudios de Perelminter sobre el Ministerio de Desarrollo Social Nacional (MDSN) en Argentina, en los que analiza cómo en el periodo entre 2003 y 2008 el movimiento piquetero fue introducido en diferentes organizaciones y programas del MDSN. El movimiento piquetero era una amalgama de colectivos que, ante la falta de provisión de servicios sociales por parte del Estado en los barrios más pobres del país, crearon un entramado autónomo de cooperativas, comedores sociales y puestos sanitarios, entre otros dispositivos (Perelminter, 2012a). Con la llegada del kirchnerismo, se procuró que colectivos y activistas del movimiento piquetero pasaran a formar parte de las filas del Estado para el despliegue de programas sociales. La aspiración era combinar los recursos de la Administración pública con el conocimiento local e informal de los territorios por parte de los piqueteros. Estos encuentros permitieron inicialmente la canalización de más recursos hacia los barrios, pero acabó propiciando una creciente frustración entre los piqueteros que ahora trabajaban para el Estado, debido a las trabas burocráticas que impedían una correcta ejecución de los programas. Una queja constante era que, por criterios burocráticos, los activistas debían ser reasignados a coordinar programas en territorios que no conocían, lo que contradecía los términos de la alianza con el MDSN (Perelminter, 2012b).
Otro ejemplo son los estudios sobre los intentos de cambios legislativos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Este movimiento consiguió que en 2015 se aprobará en Cataluña una ley para la paralización de los desahucios y la paralización de los cortes de agua, luz y gas; también logró que los pisos vacíos de las entidades financieras pasaran a formar parte temporalmente del parque público de viviendas, para realojar familias vulnerables. Sin embargo, la ley fue aplicada solo parcialmente y con retraso por parte de las administraciones y los juzgados. Una parte de los activistas apostaban por mantener esfuerzos en presionar y reunirse con las instituciones y que forzaran la aplicación de la ley. Sin embargo, otra parte de los activistas comenzó a expresar su frustración, señalando que el movimiento ya no ejercía acciones directas de desobediencia civil, como ocupar directamente pisos vacíos de los bancos para realojar a familias vulnerables (Sanmartín, 2019).
Si bien en ambos casos los movimientos implicados movilizaban un imaginario social instituyente en el que los activistas pudieran influenciar e incluso participar directamente en las instituciones, la deriva fue el debilitamiento del autogobierno que Castoriadis reclama. En este sentido, los activistas se sintieron cada vez más inmersos en formas ya instituidas que lejos de ser transformadoras reproducían en el interior de sus propias organizaciones lógicas burocráticas, desconectadas del territorio y desmovilizadoras de la acción directa.
Estos casos nos muestran que fomentar imaginarios sociales instituyentes que mantengan un movimiento constante de autogobierno reclama una reflexión más profunda sobre la interacción entre instituciones y movimientos sociales, tanto desde los propios espacios activistas como desde la labor de autoanálisis que deben llevar de manera continua las y los profesionales que trabajan en espacios institucionales de intervención social. Los dilemas éticos y políticos emergen nuevamente como un lugar que será ineludible atravesar en algún momento.